Chile cuenta con nueva Ley Antiterrorista: Estos son sus principales contenidos

La nueva normativa entrega un marco más moderno, eficaz y democrático a dicha legislación.

Con un apoyo transversal en el Congreso se despachó la nueva Ley Antiterrorista, la cual actualizará la anterior legislación por una más moderna, eficaz y democrática.

La nueva norma es un importante paso para la seguridad del país, ya que la actual ley dificulta la obtención de condenas y formalizaciones ante hechos investigados, debido a lo complejo que significa acreditar que detrás de un ataque o atentado existe la intención de causar temor en la población.

Esta propuesta es parte del programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric y del Compromiso Transversal por la Seguridad, suscrito por el Ejecutivo, las dos asociaciones de municipios y la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile en abril de 2023.

En ese sentido, esta nueva ley está en línea con estándares internacionales de un Estado democrático de derecho, para lo cual se usaron como referencia las legislaciones de países como España, Alemania y Estados Unidos.

La nueva Ley Antiterrorista permitirá además una persecución penal eficaz y anticipada del terrorismo, ya que habilita técnicas especiales de investigación.

Contenidos de la nueva Ley Antiterrorista

Modernización de la persecución penal

Establece sanciones penales para quienes forman parte de una asociación terrorista (AT), por el solo hecho de participar en ella, independientemente de que esta cometa efectivamente los delitos para los que se organiza. Las penas van desde 5 años y 1 día a 15 años. Lo anterior es sin perjuicio de la tipificación de diversos delitos terroristas individuales (“lobo solitario”).

Este nuevo delito permite perseguir y sancionar a los integrantes de las asociaciones terroristas aun antes de que cometan los delitos para los que se organizaron. La pena se gradúa según el nivel de involucramiento en la AT y se imponen además de la pena del resto de los delitos cometidos:

Jefes, fundadores y financistas: presidio mayor grado medio (10 años y 1 día a 15 años).
Encargados de reclutar o entregar entrenamiento militar o de combate: presidio mayor en sus grados mínimos a medio (5 años y 1 día a 15 años).
Los demás integrantes: presidio mayor en su grado mínimo (5 años y 1 día a 10 años).

Mejoras en la definición del delito terrorista para facilitar la aplicación de la ley

El proyecto establece definiciones más claras y objetivas de los delitos terroristas, para evitar la dificultad de prueba que supone el ánimo terrorista exigido por la ley vigente.

Adicionalmente, el proyecto contempla dos delitos individuales objetivos, cuya gravedad hace presumir una conducta terrorista y por ello no se exige un ánimo o aptitud adicional:

Colocación o envío de artefactos explosivos o incendiarios capaces de afectar a una cantidad elevada de personas.
Atentados contra determinadas autoridades del Estado, con resultado de muerte o lesiones graves gravísimas.

Finalmente, el proyecto contempla una nueva especie de delito, inédito en nuestra legislación y en derecho comparado, consistente en los delitos de favorecimiento de la asociación, que permiten sancionar a quienes cometen delitos “comunes” (extorsión, tráfico de drogas o armas, etc.) con la intención de favorecer el funcionamiento de las asociaciones terroristas.

Técnicas especiales de investigación y medidas de protección

La propuesta se armoniza con las nuevas leyes sobre crimen organizado y reincidencia (21.577 y 21.694 respectivamente), al hacer aplicables:

Técnicas de investigación especiales: interceptación de comunicaciones; registro de equipos informáticos; captación subrepticia de imágenes o sonidos; agentes encubiertos, reveladores e informantes; entregas vigiladas. Adicionalmente esta ley contempla una técnica especial adicional conocida como IMSI Catcher.
Medidas de protección a jueces, fiscales y testigos.
Reglas de cooperación eficaz que facilitarán el trabajo de investigación del MP.

Facultades del nuevo Ministerio de Seguridad Pública

Se establece la facultad del Ministerio de querellarse por estos delitos y se incorpora la obligación de proponer al Presidente de la República una Estrategia Nacional de Prevención y Combate contra las Conductas Terroristas, que deberá incluir una propuesta de reparación a víctimas.

Cambio de competencia del tribunal

Se aprobó una indicación parlamentaria que facultará al fiscal de la causa, en casos de alarma pública o de alta complejidad para solicitar a la Corte Suprema el traslado de la causa a un tribunal de Santiago.