Tras seis años de espera el Congreso aprueba ley de Reforma al Sistema Notarial y Registral

La reforma será remitida al Tribunal Constitucional para su control preventivo de constitucionalidad, permitiendo calidad del servicio que se entrega a la ciudadanía.

  Por Mario Tapia Godoy

En una jornada histórica, la Sala del Senado aprobó y despachó a ley la ansiada reforma al Sistema Notarial y Registral, tras más de seis años de tramitación legislativa, iniciativa que tiene un fuerte foco en transparencia, fiscalización y en la calidad del servicio que se entrega a la ciudadanía.

La reforma, que actualiza el sistema en sus aspectos orgánicos y funcionales, forma parte de la agenda de modernización del Estado y fortalecimiento institucional, permitiendo, entre otros avances, proporcionar estándares claros de transparencia; establecer procesos de selección mediante Sistema de Alta Dirección Pública; limitar el tiempo de ejercicio en el cargo a los 75 años; fijar tarifas máximas para los trámites notariales; e incorporar fiscalización efectiva a través del Servicio Nacional del Consumidor, Sernac.

A nivel regional, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa Rivera, valoró el apoyo a este proyecto, que da término a una larga tramitación de un proyecto de ley anhelado, tanto para el sistema de justicia y también para los ciudadanos y ciudadanas. Asimismo, destacó que “este proyecto de ley va a permitir realizar cambios en el sistema notarial y registral que son muy importantes para toda la ciudadanía: establece requisitos mínimos para la prestación del servicio, horarios claros de funcionamiento, medidas respecto al tipo de soporte digital que tienen que tener y, por cierto, modifica y fortalece la fiscalización a las notarías, archiveros y conservadores de todo el país”.

Son características de la ley:

1. Concursos públicos para los nombramientos de notarios, conservadores y archiveros, a través del Sistema de Alta Dirección Pública.

2. Fin a los cargos vitalicios, estableciendo un límite de edad de 75 años para ejercer el cargo, y prohibición para que familiares de determinadas autoridades puedan ser incluidos en las nóminas de selección y/o nombramientos.

3. Fiscalización: Se incorpora al Sernac como organismo con facultades para supervisar la calidad del servicio y permitir a las personas usuarias puedan reclamar a través de sus plataformas respecto a los problemas de atención, servicios y cobros irregulares.

4. Modernización y digitalización del servicio, garantizando acceso remoto y gratuito a los registros, sitios web informativos, canales de reclamos y mejoras en infraestructura.

5. Transparencia en tarifas, fijando precios máximos mediante un procedimiento técnico a cargo de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Economía.

6. Mejora en la atención al público, con horarios obligatorios de funcionamiento y requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento tecnológico.

Finalmente, tras su aprobación en el Congreso, la reforma será remitida al Tribunal Constitucional para su control preventivo de constitucionalidad, conforme al procedimiento legislativo vigente.