PODER JUDICIAL INICIA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL CON ACTO EN EL JUZGADO DE GARANTÍA DE ANTOFAGASTA

La actividad fue encabezada por el presidente de la Corte de Apelaciones Jaime Rojas Mundaca y la ministra de la Corte de Copiapó Marcela Araya Novoa, coordinadora ejecutiva Nacional de la Implementación de la Ley 21.527.

El Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió hoy -miércoles 17 de enero- la actividad interinstitucional con que se testimonió la reciente entrada en vigencia de la Ley 21.527 de Reinserción Social Juvenil para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, actividad encabezada por el presidente de la Corte de Apelaciones Jaime Rojas Mundaca y la ministra de la Corte de Copiapó Marcela Araya Novoa, coordinadora ejecutiva Nacional de la Implementación de la Ley 21.527.

La actividad, en la que participó también el ministro de la corte antofagastina Juan Opazo Lagos, encargado de la Reforma Procesal Penal, contó con la presencia de la seremi de Justicia y Derechos Humanos Trissy Figueroa Rivera; del defensor regional Ignacio Barrientos Pardo; del director regional del Servicio de Reinserción Social Alejandro Aguirre Campusano y, en representación del Ministerio Público, el fiscal Eduardo Peña Martínez.

En la oportunidad, las autoridades dieron su parecer acerca de la entrada en vigencia de la ley, que introduce modificaciones a la Ley 20.084 (Responsabilidad Penal Adolescente), elimina el Sename y crea el Servicio de Reinserción Social Juvenil, coincidiendo en que se trata de uno de los cambios más relevantes en los últimos años, en lo relacionado con los imputados adolescentes, y que tiene como principio apuntar a su resocialización a través de programas que contribuyan al abandono de las conductas delictivas y a la integración social de los jóvenes sujetos de su atención, con una mirada intersectorial.

Luego de presenciar una audiencia de revisión de medidas cautelares de un adolescente que se encuentra en internación provisoria, la que fue dirigida por la magistrada María José Saavedra y que simbólicamente dio inicio a la aplicación de la ley en el país, la ministra Marcela Araya recordó que es todo un desafío ser la punta de lanza en la implementación de la norma.

“Todas las miradas estarán puestas en estas regiones para ver cómo se va implementando esta ley, que es el cambio de institucionalidad que pone el foco en la intervención personalizada, en la especialización y capacitación de los jueces y juezas de garantía, a quienes les va a corresponder el conocer de las causas de responsabilidad en el adolescente y también en la calidad de la intervención de altos estándares de los programas que van a intervenir en la resocialización de los adolescentes”, explicó.

Añadió que esta especialización considera, incluso, que algunas jurisdicciones cuenten con salas especializadas en las cuales hay jueces y juezas “que tienen únicamente el cometido de conocer de estas causas, para lo cual fueron capacitados y capacitadas. Y en las restantes jurisdicciones de la zona norte hay salas de atención preferente a esta materia”.

En cuanto a la operatividad, el presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Jaime Rojas Mundaca, expresó que está “todo ordenado y realmente debidamente coordinado. Tenemos la suerte de tener una sala especializada y este es el gran aporte que ha hecho esta reforma. Contamos con una sala especial y la jueza también está especializada en la materia, con las respectivas coordinaciones con el Ministerio Público y la Defensoría Penal”.

“Creemos que es una ley muy innovadora y como judicatura pensamos que los instrumentos que da en cuanto a la determinación de penas y aquello que también es innovador, que se relaciona con la resolución de los casos que van hacia atrás cuando los imputados cometen nuevos delitos, es una solución más integral que la que existía”, precisó.

En tanto, la seremi de Justicia Trissy Figueroa aseguró que se trata de un hito muy importante, puesto que se está avanzando de manera decidida en un proceso histórico que culmina con una modificación importante a la Ley de Responsabilidad Adolescente, con nuevos y modernos sistemas para dar cobertura y permitir la reinserción social de los jóvenes, en la búsqueda de interrumpir la trayectoria delictiva.

“Esta reforma implica ponerle fin al Sename y, en definitiva, la infraestructura Sename termina para todo el país el 12 de enero de 2026, porque se ha creído en una reforma gradual que permita ir corrigiendo los defectos que se pudiera detectar en la implementación de la normativa”, aseveró.

El defensor regional Ignacio Barrientos Pardo expresó que “nosotros llevamos mucho tiempo con la especialización dentro de nuestra institución. De hecho, ha sido destacado desde hace mucho tiempo por diversas instituciones, la academia, y la Defensoría eran el único interviniente y sujeto procesal que había dado cumplimiento al mandato de especialización dentro de justicia penal juvenil”.

En este sentido, aseguró que la institución seguirá en esta senda de trabajo, procurando cumplir con los preceptos de la ley y las facultades que le permite esta reforma.

En tanto, Alejandro Aguirre Campusano, director regional del Servicio Nacional de Reinserción Social de Antofagasta, manifestó que es un hito el cambio de paradigma hacia una justicia restaurativa, que tiene como parte esencial la mediación “que va a dar la oportunidad a víctima y victimario de poder llegar a algún acuerdo prejudicial guiados por un profesional y se incluye el post sanción, que es tan importante para el seguimiento y participación de los jóvenes en su reinserción social, manteniendo la operatividad a través de un Comité Operativo, para dar facilitar la inclusión social”.

El fiscal Eduardo Peña Martínez planteó que esta reforma ha generado la necesidad por parte de la Fiscalía de Chile “de capacitar a profesionales tanto fiscales como abogados, con el objeto de que puedan participar en este nuevo proceso, teniendo en consideración cada una de las modificaciones legales que apuntan, justamente, a una mejor reinserción social de los menores infractores de ley”.

Cabe recordar que la ley 21.527 entrará en vigencia en enero de 2025 en las regiones del Maule, Biobío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y de la Antártica Chilena, y transcurridos 36 meses desde su publicación, es decir, enero de 2026, en las regiones de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O’Higgins y Metropolitana de Santiago.