La Prefectura de Antofagasta separó a seis Carabineros de Sierra Gorda tras una investigación interna que los vincula a presuntos delitos de cohecho

Carabineros afirmó que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que no se han divulgado nombres ni detalles y que se aplicarán sanciones si se acreditan responsabilidades, manteniendo la reserva procesal y colaborando con las indagatorias.

La Prefectura de Antofagasta informó este jueves la separación de seis funcionarios del Retén de Sierra Gorda, tras los resultados de una investigación interna que los vincula a presuntos delitos de cohecho, anunció Carabineros de Chile en un comunicado oficial.

Según el escrito difundido por la institución, la medida disciplinaria se adoptó "en estricto apego a los principios institucionales y la legislación vigente", y reafirma que Carabineros no tolera conductas que comprometan la ética y la moral de sus miembros. La institución señaló además que los antecedentes recabados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

El comunicado añade que se ha iniciado una investigación administrativa interna para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Por ahora no se han divulgado los nombres de los funcionarios afectados ni los detalles específicos sobre las circunstancias en que habrían ocurrido los presuntos actos de cohecho.

El cohecho es un delito que implica ofrecer, prometer o entregar beneficios a un funcionario público a cambio de un acto contrario a sus deberes, o bien que el funcionario solicite o reciba dichos beneficios para realizar u omitir un acto propio de su cargo. Si el Ministerio Público decide formalizar una investigación penal, los involucrados podrían enfrentar cargos y procesos judiciales adicionales.

Carabineros indicó que mantendrá la reserva procesal en lo relativo a la investigación interna, pero aseguró que colaborará con las indagatorias del Ministerio Público y aplicará las sanciones que correspondan si se acreditan responsabilidades. La medida se enmarca, según la institución, en sus protocolos disciplinarios y en la obligación de resguardar la confianza pública.