Huelga de Finning: Empresa exige compensación de más de $700 millones a Sindicato por impactos en Escondida

La empresa sostiene que los bloqueos registrados en accesos a sus instalaciones en La Negra y la Ruta de la Minería afectaron servicios vinculados a clientes mineros, mientras que la defensa pide que el conflicto sea abordado por la justicia laboral.

La disputa entre Finning Chile y el Sindicato Nacional N°2 sumó un nuevo capítulo judicial. Además de la querella presentada en enero por los bloqueos de caminos a Escondida registrados durante la huelga legal invocando la Ley de Seguridad del Estado, la empresa interpuso una demanda civil por $774 millones contra el sindicato, cinco dirigentes y el abogado que los asesoró.

La paralización comenzó el 20 de enero, tras fracasar la negociación colectiva, y se extendió durante cinco días. Según Finning Chile, los manifestantes bloquearon los accesos a sus instalaciones en el sector La Negra y a la Ruta de la Minería, afectando la continuidad de los servicios comprometidos con clientes mineros.

De acuerdo con una publicación de Diario Financiero, la acción judicial fue presentada en junio ante el 4° Juzgado Civil de Antofagasta y apunta al sindicato, los dirigentes Germán Barahona, Alejandra Espinoza, Hugo Escobar, Víctor Daza y Lucio Chamaca, además del abogado Rodrigo Sandoval.

En la demanda Finning Chile sostiene que los bloqueos le generaron pérdidas operacionales del orden de los $336,8 millones asociados a costos derivados de contratos con Escondida. También incluye $97,6 millones en gastos extraordinarios, $300,3 millones por pérdida de productividad y $40 millones por daño reputacional. En total, $774,7 millones, más reajustes e intereses.

La defensa sostiene que el conflicto debe ser resuelto por la justicia laboral por estar vinculado a un proceso de negociación colectiva y solicita que Finning indique qué conducta atribuye a cada demandado y cómo se relaciona con los perjuicios reclamados.

El conflicto deberá ahora continuar su tramitación ante los tribunales, donde se determinará la procedencia de las acusaciones y de las compensaciones económicas solicitadas. Mientras la causa civil sigue avanzando, la querella penal presentada por la empresa en enero continúa en tramitación en la Fiscalía.