Gobierno presenta a Comisión de Trabajo los informes técnicos detrás de la Reforma Previsional

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó detalles sobre el impacto de la cotización adicional, la relación entre aportes y beneficios, y entre los beneficios que entrega el sistema y la recaudación o fuente de financiamiento, además de explicar los efectos sobre el empleo informal y el costo fiscal de la reforma.

En una nueva sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputadas y Diputados, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, expuso los detalles del informe financiero y del informe de impacto regulatorio o de impacto sobre productividad que acompañan al proyecto de Reforma Previsional del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Anteriormente, el Ejecutivo había expuesto las principales características del proyecto y sus contenidos, para luego mostrar la simulación de efectos sobre los pensionados.

De esta forma, el ministro explicó que para efectos de medir el impacto macroeconómico de una reforma previsional, hay tres dimensiones o tres elementos de diseño que inciden sobre su impacto macroeconómico. El primero de ellos es el destino de la cotización adicional. “Estamos agregando una cotización de cargo del empleador, una dimensión que es clave para sus efectos sobre el ahorro, porque así como se ha argumentado que hay un efecto sobre el costo de contratación, también hay un impacto sobre el ahorro. En este caso, en el proyecto que ha propuesto el Ejecutivo, esa cotización adicional va a un seguro social con capitalización”, dijo el secretario de Estado.

“El segundo punto relevante es la relación entre aportes y beneficios, porque esa relación entre aporte y beneficio determina cómo reaccionan o cómo se adaptan empleadores y trabajadores a una situación en la cual hay una cotización adicional. En este caso, dado que los beneficios de la reforma son condicionales a los aportes que se realizan y que los trabajadores de bajos ingresos recibirán beneficios proporcionalmente mayores a lo aportado, entonces esa relación entre aporte y beneficios se fortalece”, detalló Marcel. Es lo que en la literatura se conoce como “componente de impuesto de una cotización previsional”, es decir, refleja que el afiliado -al momento de hacer una cotización o que se haga a su nombre-, no ve la relación entre esa cotización y un beneficio futuro.

El tercer punto que expuso es la relación entre los beneficios que entrega el sistema y la recaudación o la fuente de financiamiento para esos fines, un punto que el jefe de Teatinos 120 destacó “dado que de ahí depende la sostenibilidad fiscal de largo plazo”. “El tema de la sostenibilidad fiscal incide sobre el ahorro en la economía y, por lo tanto, es otro de los elementos que contribuyen a determinar cuál es el impacto que la reforma tiene sobre el ahorro”, mencionó. “En este caso, el Fondo Integrado de Pensiones se ha diseñado para que sea sostenible y entregue beneficios solo a partir de los aportes y la rentabilidad financiera del fondo, entonces podemos decir que no tiene un efecto negativo sobre el ahorro y probablemente sea algo positivo durante la transición”, aclaró.

De igual modo, en su presentación el ministro volvió a recalcar que para estimar los efectos macroeconómicos de largo plazo de esta reforma se usa el modelo de equilibrio general que utilizó el Banco Central de Chile en 2017, calibrado para la economía chilena.

Respecto a los efectos sobre el mercado del trabajo y el incentivo a la formalidad, el ministro de Hacienda mostró que “para los trabajadores de menores ingresos, el Seguro Social entrega beneficios proporcionalmente mayores a lo que se aportarían por parte del empleador. De esta manera, entre los trabajadores que están más cerca de la informalidad, se genera un incentivo adicional neto a cotizar. Esto no pasa con la capitalización individual, porque todo es parejo para todos los afiliados. En este caso es un beneficio mayor para aquellos trabajadores que están estarían más cerca de pasar a la informalidad”. Del mismo modo, aclaró también que “el efecto positivo sobre el empleo formal se genera porque el mayor stock de capital en la economía, producto del mayor ahorro, contribuye a generar una mayor demanda de trabajo por parte de las empresas”.

Sobre el gasto, el ministro Marcel dijo: “el mayor costo fiscal por la reforma previsional, tomando en cuenta todos los factores, -es decir, el aumento del monto y cobertura de la PGU, el aumento de la tasa de cotización por los empleos públicos y el tope imponible, la creación de la nueva institucionalidad y otros, entre los cuales está el APVC y el encaje-, superaría los $4 billones en el año 2030. Esto se financia fundamentalmente con los recursos provenientes de la reforma tributaria”.

Por su lado, respecto a la propuesta del presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Alberto Undurraga, de votar la reforma previsional durante el mes de enero de 2023 en esa instancia, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, dijo estar de acuerdo y señaló que "hemos estado en esta discusión durante ocho años y, como Ejecutivo, pensamos que sería favorable tener una fecha en la cual efectivamente podamos aprobar en general la idea de legislar la reforma previsional. Seguramente, habrá muchas más audiencias y conversaciones, pero la idea sería avanzar”.

“Hay muchas personas que están esperando y cuando los procesos se dilatan en el tiempo sin conclusión, que es lo que nos ha pasado en el último año, lamentablemente se genera mucha desafección ciudadana y también desconcierto en las personas”, agregó la secretaria de Estado.

En la sesión, se acordó que la fecha plazo para inscribir a expertos para participar de las audiencias sería el día 7 de diciembre, además de que se sesionará tres veces a la semana para la discusión de esta reforma que se espera pueda ser aprobada en enero.

El proyecto del Ejecutivo que crea un Nuevo Sistema Mixto de Pensiones tiene como pilares mejorar el monto y cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU), elevándola a $250 mil, y crear un Seguro Social en el Pilar Contributivo que sea financiado con una cotización del 6% de la renta imponible, de cargo del empleador, que mejorará las pensiones actuales y futuras, especialmente de las mujeres, mediante diversos mecanismos solidarios.

Además, propone una reorganización de la industria previsional y en el que convivan un Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA) con nuevos Inversores de Pensiones Privados (IPP), que sólo realizarán actividades de inversión. Asimismo, existirá el Administrador de Pensiones Autónomo (APA), entidad pública que sucederá al actual Instituto de Previsión Social (IPS) y que asumirá las diversas actividades de soporte, como afiliación, recaudación, cobranza y pago de beneficios, entre otros.