FAMILIA DE KATHERINE YOMA INTERPUSO QUERELLA CONTRA ALCALDE DE ANTOFAGASTA POR VIOLACIÓN DE SECRETOS DE PARTICULARES.

La familia de la profesora Katherine Yoma Valdivia, fallecida en Antofagasta, ha presentado una querella criminal contra el alcalde Jonathan Rodrigo Velásquez Ramírez.

Durante la mañana de este lunes, la familia de la profesora Katherine Yoma Valdivia, quien lamentablemente falleció en Antofagasta, decidió tomar acciones legales interponiendo una querella criminal contra Jonathan Rodrigo Velásquez Ramírez, alcalde de la comuna. La querella fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta por el presunto delito de violación de secreto de particulares, tras la difusión de información privada de la docente.

Los hechos se remontan al 22 de marzo de 2024, cuando el alcalde Velásquez publicó en sus redes sociales un video en el que hacía referencia al trágico fallecimiento de la profesora, mostrando documentos de carácter privado que detallaban información sensible sobre su salud. Estos documentos incluían informes de la Mutual de Seguridad y correspondencia oficial de la Inspección del Trabajo de Antofagasta, lo que desató una ola de indignación y críticas por parte de la comunidad educativa.

Según la parte querellante, la acción del alcalde Velásquez no solo vulneró el derecho a la privacidad de la profesora fallecida, sino que también provocó un perjuicio moral a su familia, exacerbando el dolor por su pérdida. Se argumenta que Velásquez, aprovechando su posición como funcionario público y presidente del Directorio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, accedió y divulgó indebidamente información privada de Katherine Yoma Valdivia, infringiendo así el artículo 247 del Código Penal chileno.

El artículo en cuestión establece que "el empleado público que, sabiendo por razón de su cargo los secretos de un particular, los descubriere con perjuicio de este, incurrirá en las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez sueldos vitales". En consecuencia, la autoridad comunal podría enfrentar una pena que va desde los 61 días de cárcel hasta los 3 años y un día de prisión, sin perjuicio de otros delitos que pudieran surgir durante la investigación.