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DIPUTADO ARAYA: “ES UNA BUENA MEDIDA PARA ENFRENTAR LA CRISIS DE SEGURIDAD”

Por aprobación del Proyecto que resguarda infraestructura crítica, el cual quedó en condiciones de promulgarse y tendrá efectos en la macrozona norte para el combate al crimen organizado y la migración irregular.

Con 110 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones, finalmente la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la reforma constitucional que permite la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas, en caso de peligro grave o inminente en el país. Esto, luego de llevar el Proyecto a una Comisión Mixta de Diputados y Senadores donde, finalmente, fue salvada la iniciativa.


El rechazo en la Sala de la Cámara de Diputados, en primera instancia, se debió a que la iniciativa tuvo “distorsiones” según la Ministra de Interior, Carolina Tohá, principalmente porque la oposición presentó indicaciones que reducían las capacidades de las FF.AA. para resguardar infraestructura crítica y cuidado de fronteras, alma principal y motivo por el que el Diputado Jaime Araya insistió en su tramitación y -finalmente- su aprobación.


Para el parlamentario, miembro de la Comisión Mixta que logró destrabar la iniciativa, el proyecto “pone por delante el interés del norte. El Estado de Chile tiene una deuda permanente con el norte, tenemos una situación de abandono; y hoy en día la crisis de seguridad y el descontrol migratorio necesitaba de una herramienta conforme a lo que dispone nuestro protocolo constitucional.”


Sostuvo que “Es una buena medida para enfrentar de una manera responsable, racional y proporcional la grave crisis de seguridad en la macrozona norte.


Destacó, finalmente, que las Fuerzas Armadas en las fronteras “tengan facultades de control de orden público, que estén autorizados para hacer controles de identidad, registros y eventualmente para detener y poner a disposición de las policías a quienes deban iniciar los procesos penales procedentes”.


En la Comisión Mixta, el Ejecutivo, el oficialismo y la oposición lograron un Protocolo que incorpora formar dos mesas de trabajo desde febrero para analizar propuestas sobre uso de la fuerza y, en segundo término, los medios para la creación de grupos especiales de policías y FF.AA. para el control de fronteras.


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