DIPUTADA YOVANA AHUMADA MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA SANCIONAR LA AGRESIÓN A DIRIGENTES SOCIALES
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DIPUTADA YOVANA AHUMADA MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA SANCIONAR LA AGRESIÓN A DIRIGENTES SOCIALES

La modificación que envió la parlamentaria cambia el epígrafe del párrafo 1, del título VI, del libro II, Artículo 261 y 262 del código penal, para sancionar a quienes agredan a dirigentes sociales en el ejercicio de sus funciones.


Antofagasta, 01 de Octubre de 2022.




Este proyecto de ley, autoría de la Diputada Ahumada, convoco y recibió el respaldo total de la bancada PDG e Independientes, llegando incluso a recibir el respaldo de la presidenta de la comisión de Constitución, legislación, justicia y reglamento, lugar donde se encuentra desde el 29 de agosto en espera de que la presidenta de la mencionada comisión lo coloque en tabla para su análisis y aprobación, para continuar de esta manera con su proceso legislativo.


Este proyecto de moción, se encuentra bajo el boletín N° 15309-07, perteneciente a la legislatura 370, y consiste en “sancionar penalmente a quienes agredan a dirigentes sociales o a su familia, cuando aquellos o estos ejerzan funciones dirigenciales o con ocasión de ellas, es decir ejerciendo el cargo o que la agresión se derive contra él o su familia como reacción a las funciones y cargo que desempeña”

“Para efectos prácticos, la agresión a que se refiere sería castigada con la pena de reclusión menor en su grado mínimo (de 61 a 540 días) o multa de once a quince unidades tributarias mensuales”.


Es importante tener en cuenta que en este proyecto no se deja espacio a vacíos legales, puesto a que se define dirigente social como; toda persona que ostente cargo directivo en organizaciones comunitarias, funcionales o territoriales, en los términos establecidos en la ley N° 19.418 y las organizaciones de interés público, constituidas conforme a la ley N° 20.500”.


La Diputada Yovana Ahumada Palma indica “que este proyecto busca elevar la protección que el estado da a estos incansables luchadores del bien común social, con la otorgada a la autoridad pública en materia penal, armonizando con un acto de justicia la noble labor de un dirigente social. Concluye la Parlamentaria.




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