Diputada Ahumada exige medidas al gobierno por denuncias de mal uso de viviendas sociales en Taltal, Antofagasta y Calama.

La parlamentaria del Partido Social Cristiano ofició al MINVU y al SERVIU para aclarar una serie de denuncias sobre arriendos, cesión o venta anticipada de viviendas sociales, por parte de beneficiarios.

Tras recibir una serie de antecedentes y denuncias, que apuntan a que una serie de beneficiarios de viviendas sociales, estarían arrendando, vendiendo o cediendo estos inmuebles antes de los plazos legalmente establecidos, la diputada Yovana Ahumada ofició al ministro de Vivienda Carlos Montes y al SERVIU de Antofagasta, para esclarecer esta grave situación que se estaría produciendo en Antofagasta, Calama y Taltal indicando que “me parece gravísimo que algunas personas estén aprovechándose del legítimo derecho de toda familia a tener una vivienda, más aún si se trata de personas que llevan años esperando su oportunidad”.

En su oficio, la legisladora del PSC solicitó un informe exhaustivo sobre los hechos denunciados, exigiendo que se aclare si se han detectado casos concretos de arriendo, cesión o venta anticipada y si existen escrituras que se hayan otorgado mediante mandato a personas que hoy residirían en el extranjero, al igual que el número de beneficiarios que habrían salido del país sin haber perdido sus subsidios.

La parlamentaria antofagastina también exigió que “el MINVU informe qué mecanismos de control y monitoreo se están aplicando actualmente para verificar que las viviendas sociales estén siendo habitadas por sus beneficiarios, y si los sistemas de monitoreo con que se cuenta permiten detectar a tiempo cuando se presenten irregularidades o fraudes de este tipo”, manifestó Yovana Ahumada.

La autoridad además solicitó una serie de antecedentes sobre procesos de revocación de subsidios que se hayan producido en los últimos cinco años, además de conocer si ambos organismos han levantado sumarios administrativos o causas judiciales que pudieran estar relacionadas con redes de corrupción o falsificación de documentos.

En ese sentido, la diputada Yovana Ahumada fue enfática en la necesidad de mejorar los actuales mecanismos de fiscalización, señalando que “he propuesto la realización de auditorías focalizadas, el cruce de datos con registros de migración y residencia, y una mayor fiscalización territorial por parte del SERVIU, al igual que protocolos más ágiles de revocación cuando se constaten estas irregularidades. No podemos tolerar que quienes realizan estas malas prácticas priven a las familias que por muchos años se han esforzado por tener una vivienda social”, concluyó.