[COLUMNA] | EL CASO CONVENIOS NO ES EL ICEBERG, ES LO QUE SE ALCANZA A VER.

Por Pedro Araya Guerrero, Senador Región de Antofagasta

No tengo ninguna duda respecto de que hay que endurecer las penas para los casos de corrupción que comprometen los fondos públicos. No lo dudo porque son recursos de chilenas y chilenos, y fueron destinados para el bien común, en especial de quienes más lo necesitan.

Desde mi punto de vista se trata de una doble falta, porque se produce un enriquecimiento personal ilícito y se perjudica a todos. Por eso las sanciones tienen que ser ejemplares.

Si la gente común y corriente ve que se roba y que los autores se pasean por la calle como Pedro por su casa, comienza a sospechar que la justicia es una farsa, que están todos coludidos y que hay privilegiados a quienes nunca les pasa nada. Ningún país puede dejar que la fe pública se deteriore tanto que esto llegue a ser considerado un hecho más que una sospecha.

¿Quién va a confiar en la justicia en los campamentos de nuestra región, cuando constatan que los recursos que les estaban destinados llegaron a las manos de quienes decían querer ayudarlos?

No se trata de predicar y de no practicar. Por eso soy el autor de una ley destinada a sancionar drásticamente lo que se ha denominado “delitos funcionarios”. Ahora se aplicarán nuevos tipos penales y eso permitirá tener una mejor justicia.

Se actualizaron los catálogos de delitos y penas en relación con los mencionados delitos funcionarios. Las penas en los delitos de malversación de caudales públicos son mayores, por ejemplo, en los casos de tráfico de influencia y cohecho.

Eso tendrá una directa implicancia para lo que suceda en el Caso Convenios y permitirá que la ciudadanía evalúe que la justicia tiene una expresión real y efectiva frente a un tipo de delito extendido que es necesario enfrentar con mucha rapidez para evitar daños mayores.

La mejor justicia es la que llega pronto, encuentra culpables y los sanciona. No basta la ley, su aplicación, desde que se investiga hasta que se dicta sentencia, ha de ser mucho más ágil y expedita de lo que ha sido hasta ahora.

No voy a ocultar de que, en el caso que comento, no estoy convencido de que se esté procediendo con la eficiencia que todos esperamos y aspiro a que quienes son responsables de aplicar la justicia den lo mejor de sí para que sepamos toda la verdad, encontremos a todos los culpables y se aplique todo el rigor de la ley.

Hay delitos que no pueden cometer personas aisladas, sino que requieren que se establezcan redes delictuales y, por lo tanto, lo que hay que desbaratar es una asociación ilícita, cualquiera sea la formalidad que tenga. Solo así estaremos seguros de que se ha intervenido a fondo a fin de que hechos similares no se repitan.

Los delitos que hemos conocido no es uno solo y pueden ir desde distintos tipos de malversación de caudales públicos como fraude al fisco hasta el cohecho y el tráfico de influencias. Mientras más se investiga, más grave demuestran ser.

Aquí nadie se puede considerar un espectador, ni se puede guardar un silencio cómplice cuando se requiere que la justicia actúe. La corrupción tiene efectos políticos y cuando se produce dentro de un gobierno que hizo de la probidad su norma distintiva y diferenciadora, duplica su impacto negativo.

Pedirles a las personas que hagan finas distinciones entre culpables e inocentes es esperar demasiado. Las encuestas muestran que la sospecha de corrupción no se detiene en las personas mencionadas en los casos conocidos, ni en el partido que vio envuelto a sus militantes, sino que se extiende otros partidos que no han sido mencionados expresamente para nada en las investigaciones y, por supuesto, al conjunto del gobierno y al propio Presidente. De la sospecha no se salva nadie, porque se opera bajo la desconfianza cuando la credibilidad se pierde.

Como están pagando justos y pecadores por igual es evidente que la situación está produciendo conflictos y recriminaciones al interior del oficialismo y, especialmente, en Apruebo Dignidad y del Frente Amplio.

Más que lamentarse, lo que importa es reaccionar y para reaccionar los casos pendientes han de tener una pronta resolución. Porque una cosa es lo que termine pasando en los tribunales, pero otra igualmente importante es el juicio que la ciudadanía se hace respecto del conjunto de quienes nos dedicamos a la actividad pública.

De todos estos lamentables episodios podemos sacar una lección importante: necesitamos un Estado que esté al servicio de los ciudadanos. Y cuanto peor es la situación, más lo necesitamos. Lo vimos en la pandemia y lo hemos constatado ahora en el sur en medio de las inundaciones.

La única duda es si tendremos un buen y eficiente Estado o una inepto y capturado por mafias y aprovechadores sin escrúpulos.

También hemos aprendido que la democracia no está indefensa y que tenemos instituciones que pueden reaccionar y una ciudadanía activa ante las faltas a la probidad.

Tendremos el país y el Estado que nos merezcamos. Para que Chile marche como debe hay que mantenernos alerta y no desmoralizarnos ante los delitos cometidos. Bien puede ser que otros casos salgan a la luz, lo que sabemos puede ser la parte del iceberg que se ve, pero podemos hacernos cargo de eso. Para que una herida sane hay que limpiarla primero.