Aprueban ley corta para ampliar universo de beneficiarios

La iniciativa busca modificar el universo de referencia desde el 90% más vulnerable de los mayores de 65 años al 90% más vulnerable de la población total.

De manera unánime los parlamentarios de las comisiones de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, esta mañana, y de Hacienda, en la tarde, aprobaron este martes el proyecto de ley presentado por el Gobierno que busca corregir universo de referencia de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

De este modo, la iniciativa, que una vez aprobada aumentará en alrededor de 70 mil el número de beneficiarios fue despachada a la Sala de la Cámara.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, valoró en punto de prensa el apoyo de los parlamentarios de ambas instancias legislativas y señaló que la iniciativa “busca es corregir y devolver a la forma de cálculo de los beneficiarios de este pilar tradicional que ha habido en nuestro país, y que fue modificado en la ley que creó la PGU, con lo cual se va a poder producir la incorporación de 70.000 beneficiarios más”.

“En particular, lo que se hace es cambiar la forma de determinar el universo del 90% de los beneficiarios que hoy día está establecido en la PGU, como el 90% de las personas mayores de 65 años, y pasar al universo tradicional en materia de pilar no contributivo para el 90% de la población”, explicó la secretaria de Estado.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló en la Comisión de Hacienda que el costo fiscal de esta iniciativa, calculando que permitiría incorporar a alrededor de 70 mil beneficiarios a la PGU, tendría un mayor gasto anual del orden de los $ 140 mil millones, con una cifra algo menor para el primer año, dado la incorporación, que puede ser más gradual, de los beneficiarios. Con esto, más todos los casos que se han ido incorporando dentro de las facultades que hoy día existen, ya estaríamos llegando a una cobertura de la PGU muy similar a la que se aspiraba cuando se discutió el proyecto el año pasado".

En las comisiones, además de los ministros Jara y Marcel, también asistieron el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, y la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza.

De acuerdo con lo expuesto por el Ejecutivo en las mencionadas comisiones, bajo el actual mecanismo de cálculo, que fue establecido en la Ley 21.419 que creó la PGU a inicios de 2022, se restringió el umbral para definir el 90% que califica para recibir el beneficio, toda vez que la población mayor de 65 años es más vulnerable que la población total del país. De este modo, personas que no forman parte del 10% más rico de la población total del país no acceden al beneficio por el parámetro definido en la mencionada ley.

Lo anterior significó un cambio de criterio respecto a la forma de cálculo de los beneficiarios de la Ley 20.255 que creó la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario de vejez, que beneficiaban al 60% de la población de menores recursos del país.

Así, por ejemplo, y de acuerdo con datos de noviembre del Instituto de Previsión Social (IPS), y con el criterio de cálculo del anterior Pilar Solidario, el número de rechazos de PGU de dicho mes se reduciría de 46.213 a 22.027, lo que hubiera significado una disminución de más de 50%.

El proyecto

En concreto, el proyecto de ley introduce modificaciones a los artículos 10 y 25 de la Ley 21.419, ampliando el universo de focalización de la PGU desde la población de 65 años o más a toda la población del país.

Además, se regula que el IPS verificará de oficio el cumplimiento de los requisitos de las personas que, habiendo postulado, no accedieron a la PGU.

Informe Financiero

El Informe Financiero que viene aparejado con el proyecto indica que por la modificación en la forma de cálculo del universo de beneficiarios y la consecuente ampliación se estos, existirá un gasto adicional por parte del Estado.

Señala que, en el primer año de aplicación de esta fórmula, habrá 73.220 beneficiarios adicionales, lo que significará un mayor gasto de $ 107 mil millones, mientras que para el segundo año habrá 71.380 beneficiarios adicionales, lo que implicará un mayor gasto de $ 140 mil millones.

Para el tercer año, en tanto, se contempla un total de 69.560 beneficiarios adicionales, lo que representará un mayor gasto de $ 136 mil millones. Por su lado, para el cuarto año de aplicación, se prevén 68.730 ingresos adicionales al beneficio, implicando $135 mil millones de mayor gasto, lo que se incrementará a $ 140 mil millones al quinto año, con 70.120 beneficiarios adicionales.

Por último, en régimen, se contempla 76.070 beneficiarios adicionales, lo que significará un mayor gasto de $ 168 mil millones.