La Policía de Investigaciones (PDI) allanó las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en Antofagasta, incautando documentos y equipos, tras una orden judicial emitida por la Fiscalía Regional.
Por instrucción de la Fiscalía de Antofagasta, funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron este martes las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región de Antofagasta. La acción se enmarca en una investigación relacionada con recursos transferidos desde el Gobierno Regional (Gore) al Serviu de la capital nortina.
Tras la diligencia, los policías incautaron documentación y equipos. Esta medida intrusiva en las oficinas de la entidad pública se dio luego de que la Fiscalía Regional de Antofagasta abriera el viernes una investigación de oficio. La pesquisa busca establecer responsabilidades y una eventual existencia de delitos debido a la demora del Serviu en el reintegro de aproximadamente $5.866 millones de pesos que fueron transferidos desde el Gore.
El fiscal regional Juan Castro Bekios afirmó que "se realizó por parte del personal de la PDI, y particularmente del Bridec, una diligencia de entrada e incautación de dependencias de dicho servicio, la cual fue obtenida a través de una orden judicial solicitada por el Ministerio Público". Añadió que este tipo de investigaciones, que requieren un extenso trabajo de revisión documental, son procedimientos habituales.
Consultado sobre si la diligencia fue provocada por la no entrega de información por parte del Serviu, Bekios explicó que "estas son parte de las diligencias que habitualmente se hacen en este tipo de investigaciones. Normalmente, se intenta ejecutar de manera voluntaria, pero para el Ministerio Público es crucial actuar de manera diligente y eficaz".
En paralelo, el domingo pasado, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, solicitó la renuncia del director del Serviu de la Región de Antofagasta, Ricardo González Campos. Según informó La Tercera, la decisión se enmarcó en la insatisfacción del gobierno con su gestión en el manejo del Plan de Emergencia Habitacional de la zona. Montes confirmó que la evaluación del desempeño de González llevó a la conclusión de que era necesario pedir su cargo para nombrar a otra persona y realizar una nueva selección.
En relación con la investigación abierta el 24 de mayo, el fiscal Bekios señaló: "Nosotros estamos obligados a abrir investigación cada vez que el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho que pudiera revestir las características de delito. Esto significa que puede o no ser constitutivo de delito, pero en la medida que pueda serlo, estamos obligados a investigar".
"Por lo tanto, a raíz de las noticias sobre dificultades en la restitución de fondos transferidos del Gore al Serviu, nuestra responsabilidad es indagar si existe algún tipo de figura penal. De ser así, continuaremos la investigación para determinar la participación de los posibles responsables", concluyó Bekios.
