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Contraloría detecta 315 funcionarios públicos con condenas vigentes: Municipalidad de Tocopilla figura en la lista

Foto del escritor: Solange Alejandra Veliz Smith
Solange Alejandra Veliz Smith
hace 42 minutos
2 min de lectura

El informe nacional reveló 3 casos activos en el municipio tocopillano, mientras que Carabineros y el Ejército lideran el listado general. El órgano contralor ordenó iniciar sumarios y aplicar la inhabilidad sobreviniente para retirar a los trabajadores de sus cargos.



La Contraloría General de la República publicó su Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 29, el cual dejó al descubierto que 315 funcionarios de la administración del Estado mantienen 317 condenas vigentes por crímenes o simples delitos, incumpliendo la prohibición expresa establecida en la Ley N.º 18.575.


El hallazgo se concretó luego de cruzar las bases de datos del Registro Nacional de Condenas del Registro Civil, el Servicio Electoral (Servel) y el sistema estatal SIAPER. Del universo detectado a nivel nacional, 166 trabajadores se desempeñan en el gobierno central y 149 en el gobierno local, destacando la inclusión de la Municipalidad de Tocopilla dentro de las casas edilicias del país con funcionarios condenados en ejercicio, sumando 3 casos activos.


A nivel general, el listado de reparticiones con mayor cantidad de involucrados es encabezado por Carabineros de Chile (84 funcionarios), seguido por el Ejército (22), la Armada (8), la Municipalidad de Valdivia (6) y la Fuerza Aérea (5). En el ámbito municipal también aparecen Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán y Puerto Montt con 4 registros cada una, seguidas por Tocopilla con 3 trabajadores.


Respecto a la gravedad de los ilícitos, el organismo fiscalizador precisó que 73 casos corresponden a condenas por crímenes y 244 por simples delitos, registrándose incluso dos funcionarios que acumulan más de una sentencia. Además, un 13% del total (41 condenas) guarda relación directa con delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus propias funciones.


Frente a la irregularidad, el órgano contralor ordenó a todas las reparticiones involucradas iniciar investigaciones sumarias para determinar responsabilidades administrativas por no informar estas sentencias a las jefaturas, instruyendo aplicar de inmediato la inhabilidad sobreviniente que impide a estas personas continuar ejerciendo cargos públicos.

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